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Casi un lustro que el FBI espera a que lo llamen
Reticencia de las autoridades a investigar los asesinatos de Ciudad Juárez
Sonia del Valle, enviada cimac | Ciudad Juárez

Establecer un grupo élite de investigación, crear una sala de guerra (como se le denomina al lugar físico donde se conjuntan las evidencias), volver a entrevistar a algunos de los declarantes y clasificar los homicidios según el tipos, son algunas de las 40 "sugerencias" que el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) le hizo al gobierno de Chihuahua sobre el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
Hace más de cuatro años, a petición expresa del gobernador --en ese entonces Francisco Barrio Terrazas, actual contralor general del país-- el FBI visitó Ciudad Juárez durante una semana. Ocasión en la que la Procuraduría General de Justicia de la entidad le entregó más de 70 expedientes.
El FBI entregó los expedientes a su Programa de Aprehensión de Crímenes Violentos (VICAP, en inglés), especializado en cotejar tipos de crímenes, lugares, modus operandi y posibles delincuentes.
Tras este análisis, el FBI concluyó que una tercera parte de los expedientes que le proporcionaron "eran motivo de preocupación, dado que se apreciaban características similares e inconsistencias en las declaraciones de algunas de las personas investigadas".
Por primera vez relata lo anterior el agente especial del FBI Kent Switzer, quien trabaja en la oficina de El Paso, Texas, y fue uno de los agentes de esa institución que hace más de cuatro años se involucró en la misión que hicieron a Ciudad Juárez dos investigadores de Quántico, Virginia, expertos en crímenes seriales con la finalidad de identificar a un posible asesino serial y sacar su perfil criminológico.
La visita de los investigadores ocurrió en marzo de 1998; entre que se analizaron los más de 70 expedientes y presentó su informe el FBI --que por vez primera se dio a conocer esta semana-- Francisco Barrio Terrazas dejó de ser gobernador del estado y le sucedió Patricio Martínez.
También, en el lapso en que el FBI analizó los expedientes que le facilitó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Sully Ponce fue nombrada fiscal especial para la investigación de los homicidios de mujeres en la misma PGJE.
Hasta marzo de 1998 el número de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez era de 139, para mayo del 2002 ya había ascendido a 270, según reportes de las organizaciones civiles de la ciudad.
Tras la llegada de Ponce, en marzo de 1999, se capturó a la banda de Los Ruteros y, desde entonces, las "sugerencias del FBI" han sido desestimadas bajo el argumento de que ya habían atrapado a los responsables de los crímenes.
La historia de los asesinatos en Ciudad Juárez actualmente registra 270 mujeres que han perdido la vida y han sido catalogados por las autoridades como asesinatos de tipo A (homicidios múltiples), que hasta febrero de este año eran poco menos del 32 por ciento de los casos, y el resto de tipo B (homicidios situacionales), es decir, pasionales, por robo, violencia familiar o asaltos.
A decir del actual procurador de justicia de la entidad, Jesús José Solís Silva, El Chito Solís, la administración pasada "nos dejó con una ciudad desquiciada; con una serie de expedientes mal consignados a los que les faltan datos técnicos, científicos y se aprecia el desinterés de los policías judiciales para investigarlos".
La misma fue la conclusión a la que llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos: en su recomendación 44/98 sostiene que las averiguaciones están mal integradas y acusó al gobierno local de sexista en las investigaciones y dilación de justicia.
Sully Ponce, exfiscal especial y ahora funcionaria de la Secretaría de Gobernación del estado, señaló al respecto: "Cuando llegamos a la fiscalía nos dimos cuenta que hasta los fotógrafos movían los cuerpos para tomar la foto a gusto. Todo el mundo intervenía en las indagatorias."
Las autoridades locales aseguran que para componer "el desorden" han efectuado diversas acciones tendientes a esclarecer los casos; por ejemplo, se capacitó a los agentes investigadores, se reorganizó la fiscalía, se establecieron enlaces con el FBI y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les impartió cursos de actualización a los agentes del ministerio público, además de un diplomado sobre averiguaciones previas.
También se allegaron de tecnología de punta, como un mapa digital que, sostienen, es capaz de reconocer las zonas de alto riesgo. Con ese mapa las autoridades pudieron determinar que la hora, los días y el mes más peligroso son las 23 horas; los días martes y viernes, y el mes de noviembre.
También indicaron que la ruta de transporte público más insegura es la 1A, la misma en la que trabajaba uno de los choferes detenidos a finales del 2001, apodado El Cerillo.
A la fecha las autoridades aseguran que el egipcio con nacionalidad americana Abdel Latif Sharif está consignado por tres homicidios pero sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato de una sola mujer; no obstante, Sharif consiguió el año pasado que se suspendiera su sentencia en tanto no se revisara el caso, las evidencias y las declaraciones que al parecer lo inculpan de cometer el asesinato de Elizabeth Castro García.
En 1996 se detuvo a la Banda de los Rebeldes, acusados de seis homicidios, y en 1999 a la de los Ruteros, por el mismo número de asesinatos. La tesis de la fiscalía es que todos están relacionados con Sharif, quien les pagaba para cometer los crímenes.
A finales del 2001 detuvieron a El Cerillo, Víctor Javier García Uribe, y a la Foca, Gustavo González, acusados de los asesinatos de ocho mujeres cuyos cadáveres fueron localizados en la zona dorada. En febrero de este año el abogado defensor de El Cerillo, Mario Escobedo, fue "confundido" y los agentes de la judicial del estado lo asesinaron.
NINGUNO DE LOS DETENIDOS TIENE SENTENCIA DEFINITIVA
Y aún más, de acuerdo con el agente especial del FBI, por el tiempo transcurrido, la falta de evidencias y la mala integración de las averiguaciones es probable que una buena parte de los homicidios "no puedan esclarecerse jamás".
Tras el análisis del FBI a los expedientes se concluyó también que 23 de los casos tenían similitudes y podrían tener relación unos con otros, por lo que solicitaron una visita de campo a la ciudad y profundizar las hipótesis.
Pero ahora se toparon con la negativa de la actual administración, pese a que paradójicamente ha sostenido en diversas ocasiones --la más reciente a raíz de la visita que hiciera la relatora especial sobre asuntos de la mujer, Martha Altolaguirre, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-- que es "bienvenida la colaboración internacional".
Así lo sostuvo Sergio Martínez de la Garza, secretario de gobierno de Patricio Martínez, quien en febrero de este año indicó: "es importante lograr la colaboración de organizaciones como Scotland Yard o el FBI para que ayuden al esclarecimiento de los hechos".
A pregunta expresa al agente Switzer, éste afirmó que de 1999 a la fecha "ninguna autoridad del gobierno local o federal ha solicitado la colaboración del FBI". Petición de colaboración que reconoce debe venir principalmente de las autoridades federales.

Caso Juárez
Crónica de la Impunidad
Por Sonia del Valle

En 1993 aparece el cuerpo de una mujer "registrado como femenino no identificada y localizada a las faldas del Cerro Bola". El cadáver fue descubierto por un hombre que realizaba una excursión en el lugar. Tenía el seno izquierdo cercenado, era de piel morena clara, complexión regular, un metro 65 de estatura. El caso no se ha resuelto.
A decir de las autoridades judiciales del estado de Chihuahua, ese mismo año murieron Angélica Lina Villalobos, Verónica Huitrón Quezada, Guadalupe Ivonne Estrada Salas, Marcela Santos, Esmeralda Leyva Rodríguez, Yolanda Tapia. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales, contabilizaron a 10 mujeres más, de acuerdo con los registros de la prensa local.
En 1994, la Subprocuraduría de Justicia del estado en Ciudad Juárez inició 11 Averiguaciones Previas, por igual número de homicidios de mujeres que se encontraron en diversos predios de la ciudad. De estas averiguaciones, se localizaron cinco personas como presuntos responsables y fueron consignados; quedaron pendientes de resolución seis, tres de ellos son víctimas que no han sido identificadas. Las organizaciones de mujeres contabilizaron 12 casos en la entidad.
La mayoría de los casos fueron por estrangulamiento y presentaban síntomas similares: violación, pantalón y ropa interior quitada de la pierna derecha y baja a la altura del tobillo, tez morena o morena clara, cabello largo, localizadas en la carretera a Casas Grandes o en lotes baldíos, con una estatura de entre uno 40 y uno 60 metros.
En 1995, diversas Organizaciones de Mujeres de la entidad comenzaron a notar los hechos de violencia contra la violencia que se registraban en los medios de comunicación. La recopilación hemerográfica fue elaborada por el Taller de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Grupo 8 de Marzo, y el Comité Independiente de Chihuahua de Derechos Humanos.
Ese año, luego de pedir a la Procuraduría de Justicia del Estado la apertura de la Agencia Especializada de Delitos Sexuales en la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte del Estado de Chihuahua, ubicada en Ciudad Juárez, solicitaron la creación de una Comisión Especial en el Congreso local para que se encargara de revisar la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado, en relación a los crímenes que se documentaron en los medios de comunicación y que hasta ese momento no habían sido resueltos.
Sin mediar respuesta, el Congreso local desestimó la pertinencia de la Comisión Especial. Fue hasta seis años después y poco más de 250 mujeres asesinadas, en noviembre de este año que la Comisión Especial se formó, con el voto unánime de las fracciones parlamentarias del Congreso.
En 1995 el número de mujeres que fueron localizados sin vida subió a 14. Entre ellas estaban los cadáveres de Angélica Márquez Ledezma, Silvia Elena Rivera, Elizabeth Castro García, Ignacia Morales Soto, todas reportadas como desaparecidas por sus familiares, meses antes de la localización de sus cuerpos. La mayoría de las víctimas de este año fueron localizadas en el predio Lote Bravo. A decir de las organizaciones sociales el número de víctimas reportadas en los medios ascendía a 24.
Ese mismo año es detenido, acusado de los asesinatos de las mujeres desde 1993, el egipcio con nacionalidad norteamericana Abdel Latif Sharif, quien sostiene, de acuerdo con sus propias investigaciones realizadas desde el penal de Ciudad Juárez que se registraron 32 asesinatos, 13 antes de que llegara a la ciudad y 19 desde que llegó a la ciudad entre abril de 1994 y hasta que lo destuvieron en marzo de 1995.
Sharif fue acusado por el asesinato de 17 mujeres, sin embargo fue absuelto el día 10 de octubre de 1996, por el juez quinto de lo penal, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez, y al salir del penal camino al Instituto Nacional de Migración donde iba a ser deportado, fue detenido nuevamente por las autoridades judiciales acusado del asesinato de Elizabeth Castro, encontrada sin vida en agosto de 1995.
Una de las pistas que se dejó de investigar fue el llamado Diario de Richi, un rollo de 12 hojas blancas atadas con un trozo de rafia en las que se narran las violaciones de 25 mujeres. El Diario fue descubierto en un basurero y entregado a uno de los diarios locales; el coordinador del grupo especial que investigaba el caso de las mujeres asesinadas, Francisco Minjarrez, dijo que Richy podría ser un farsante que trata de despistar las investigaciones o un maniático sexual.
En 1996, la sociedad civil volvió a llamar la atención de las autoridades encargadas de esclarecer los asesinatos, ante la aparición en marzo de 1996 en el predio Lomas de Poleo de 10 mujeres sin vida. En cifras oficiales ese año se encontraron en total 24 mujeres, las organizaciones sostienen que son 28.
La Subprocuraduría de Justicia Zona Norte, luego de una redada efectuada por los agentes de la procuraduría en los centros nocturos de la ciudad logró en mayo la captura de 10 integrantes de la banda de Los Rebeldes, encabezada por Sergio Armendariz, alias el Diablo, acusados por el asesinato de 17 mujeres. La tesis de las autoridades era que Sharif les pagaba desde el penal a los integrantes de la banda para cometer los asesinatos. Entonces se habló de mil pesos por asesinato.
En 1997, con la entrada de la nueva legislatura al Congreso Federal, el caso llegó hasta la tribuna de la Nación. Por vez primera, el 15 de noviembre se pidió un minuto de silencio por los asesinatos de poco menos de 80 mujeres y se conformó una Comisión Especial para que acudiera a Ciudad Juárez, a verificar el estado de las investigaciones.
En tanto las organizaciones, conformadas en la Coordinadora de ONGs en Pro de la Mujer, pidieron la creación de una Fiscalía Especial para que se abocara a investigar los crímenes. El entonces gobernador de la entidad, Franciso Barrio Terrazas, sostuvo que las "Fiscalías nunca han servido", y puso como ejemplo las fiscalías especiales para el Caso Colosio y Posadas. Este año se registraron 27 asesinatos.
Durante todo el año de 1997, se negó a crearla y fue hasta enero de 1998 que nombró a María Antonieta Esparza como titular de la Fiscalía. Un mes después recibiría a una delegación de 15 legisladoras federales de todos los partidos políticos integrantes de la Comisión de Equidad y Género.
En 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso, emitió una recomendación al respecto que hablaba de impunidad y deficiencia en las investigaciones. El gobernador del estado, Francisco Barrio, señaló poco antes de concluir su gestión que los crímenes de mujeres constituyen un porcentaje que puede ser considerado "normal"; los críminólogos Robert Ressler y José Antonio Parra Molina determinaron que Juárez se había convertido en un lugar "propicio para los asesinatos de mujeres". Este año se encontraron 30 mujeres sin vida de acuerdo con las ONGs.
En febrero de 1998, el informe que presenta la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte a las legisladoras señala como conclusión "es importante hacer notar que la conducta de algunas víctimas no concuerda con los lineamientos de orden moral toda vez que se ha desbordado una frecuencia de asistir a altas horas de la noche a centros de diversión no aptos para su edad en algunos casos, así como la falta de atención y descuido por el núcleo familiar en el que han convivido".
En junio de 1998, los familiares de las víctimas conformaron la organización Voces sin Eco, con el objetivo de unir fuerzas, para que de manera conjunta pudieran exigir el esclarecimiento de los asesinatos y se les diera información sobre las investigaciones
Con la llegada del nuevo gobierno que encabeza Patricio Martínez, quien además prometió el esclarecimiento total de todos y cada uno de los casos, los homicidios de mujeres no han parado, y sí en cambio la información oficial sobre el estado que guardan las investigaciones. En 1998 se nombró como Fiscal Especial a Suly Ponce.
Para marzo de 1998, dos perfiladores del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, llegaron a Ciudad Juárez a recopilar información, a fin de apoyar la investigación de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte. Se tiene conocimiento de que se llevaron 25 expedientes y hasta el momento no han efectuado declaración oficial sobre el análisis de los mismos.
Un año después, en 1999, la Fiscal Especial, Sully Ponce dio a conocer la detención de la banda denominada Los Choferes. A estos los ligó nuevamente con Sharif y argumentó que éste les pagaba a los presuntos asesinos materiales, mil dólares por cada asesinato. Tesis que hasta la fecha no ha podido ser comprobada.
Uno de los acusados es el chofer del camión, conocido con el alias de "El Tolteca". Detenido en mayo de este año, quien señala a cuatro de sus presuntos cómplices, luego de declararse culpable de los asesinatos de por lo menos 12 mujeres, ocurridos entre octubre de 1998 y mayo de 1999, justo desde el momento en que el actual gobernador del Estado, Patricio Martínez, toma posesión.
En febrero de 1999 el nuevo procurador Arturo González Rascón, en reunión sostenida con las organizaciones de mujeres declaró que "las mujeres que tienen vida noctura, salen a altas horas de la noche y entran en contacto con bebedores, están en riesgo. Es difícil salir a la calle y no mojarse".
En Julio de 1999, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Sumarias y/o Arbitrarias, Asma Jahangir, realizó una visita a Ciudad Juárez y determinó que las investigaciones efectuadas denotan falta de impartición de justicia. Ese año las ONGs registraron 24 asesinatos.
En el 2000 se encontraron sin vida 29 mujeres y quedaron muchas preguntas sin respuesta entre ellas ¿qué están haciendo las autoridades para erradicar los asesinatos de las mujeres en la frontera norte del país? La organización Voces sin Eco, integrada por familiares de las víctimas, continuó ejerciendo presión con las autoridades, intentó hablar con el gobernador de la entidad, nunca fue recibido.
Un año después visitó la ciudad el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Param Cumaraswamy. Está pendiente su informe que presentará a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En tanto, son 25 las mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año, tan sólo nueve en el último mes.

La nueva Fiscal Especial, que tomó posesión del cargo a principios de este año, Zulema Bolivar, sostuvo que la cifra oficial de mujeres que han sido asesinadas, asciende a 260.

Buscan apoyo del FBI en crímenes de mujeres

CHIHUAHUA, Chih. Mujeres integrantes de varios organismos no gubernamentales exigieron públicamente al gobernador Patricio Martínez que solicite al Presidente del país, Vicente Fox Quesada, gestione ante Estados Unidos la intervención del FBI en las indagatorias sobre los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez.
Esto, luego que personal del Buró Federal de Investigación estadounidense (FBI por sus siglas en inglés) señaló que existe la posibilidad de que se trate de un ilícito transnacional en que sicópatas o delincuentes de El Paso, Texas, ingresan a territorio mexicano solamente a cometer dichos asesinatos, aseguró Irma Campos, del grupo 8 de Marzo.
Las mujeres, de organismos como 8 de Marzo, Red Ciudadana, Mujeres por México, Promoción Política de la Mujer y Cosyddhac, denunciaron también las agresiones que sufrieron por parte de los guardias personales del gobernador Patricio Martínez García, cuando un grupo de estas activistas pretendió entregar la petición al mandatario estatal, que se encontraba en un evento público.
En la misiva solicitaban al presidente Fox Quesada gestionar ante el gobierno de Estados Unidos la intervención del FBI para coadyuvar en la investigación y esclarecimiento de los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.
Desde 1993 a la fecha se han cometido en dicha frontera más de 270 homicidios de mujeres y hasta el momento las autoridades no han sentenciado a ninguna persona como responsable de los hechos, mientras que las desapariciones y muertes se siguen registrando ya no solamente en Ciudad Juárez sino también en la capital del estado.
Señalan que el FBI tiene varias hipótesis sobre los posibles autores de los homicidios, como sería el caso de un sicópata que cruza la frontera de Estados Unidos a México sólo para cometer los crímenes y luego regresar a dicho país.

Entrega EU donativo para víctimas de la violencia

Representantes del consulado general de Estados Unidos en Ciudad Juárez entregaron un donativo de 25 mil dólares al centro de asistencia femenil Casa Amiga, recursos con los cuales, dijo la directora del centro, Esther Chávez Cano, se mantendrán los programas de ayuda a víctimas de la violencia.
El cheque por la citada cantidad, membretado con el logotipo del gobierno estadounidense, fue entregado por el cónsul general interino, Michael Puccetti y recibido por la directora de Casa Amiga, Esther Chávez, quien comentó que un donativo por la misma cantidad fue entregado por representantes de la sede diplomática en el año 2000.

Próxima actualización:
Domingo 30 de junio de 2002

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